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¿Debería España permitir los vientres de alquiler?

Una muestra más de que la técnica legalizada hace ya años en países como Estados Unidos, Rusia, Ucrania o Grecia está creando un interés cada vez mayor en la sociedad. Prueba de la acogida de esta técnica es el gran número de españoles que acuden al llamado vientre de alquiler para poder ser padres, incluidos personajes populares como el presentador Jaime Cantizano, Kiko Hernández, el empresario Kike Sarasola o el cantante Manuel Poveda. Sin embargo, en nuestro país sigue siendo ilegal, lo que obliga a viajar a otros estados a quienes se decantan por esta opción.

Finalmente, en el Congreso del PP se acordó tratar el asunto más adelante, aunque hay otras formaciones políticas que han anunciado su intención de llevar una propuesta en defensa de esta técnica de reproducción asistida al Congreso de los Diputados. Existen argumentos a favor y en contra de ella, y los principales son los siguientes:

 

  • A favor. Quienes quieren tener hijos pero les es físicamente imposible encuentran en esta técnica una salida. Es posible que puedan engendrar un hijo pero no sobrellevar un embarazo, por ejemplo, y esta opción resolvería el problema. Al igual que si quien desea ser padre es un hombre soltero que recurre a la ovodonación, solo podrá tener un hijo biológico por esta vía.

Otra opción para este colectivo sería la adopción en caso de que no tuvieran inconveniente en que no les uniera ningún lazo genético al bebé, pero la larga espera por la que tiene que pasar habitualmente quien quiere adoptar en caso de que sea un candidato idóneo puede llevar a abandonar los trámites para adoptar en favor de la gestación subrogada, que habitualmente tiene unos plazos más cortos.

  • En contra. Quienes se declaran en contra de la gestación subrogada argumentan que se trata de “comerciar” con la vida de un ser humano y que atenta contra la dignidad de la mujer porque se trata de “alquilar” un cuerpo. Se pueden llegar a pagar hasta 100.000 euros por la gestación de un bebé, aunque de esa cantidad solo una parte llega a la mujer gestante, ya que la mayoría se destina a pagar las pruebas y la atención médica (se realiza por la sanidad privada en los países en los que está aprobada) así como el coste de los departamentos legales que se encargan de la realización del contrato.

 

Mientras tanto, en España la situación actual, en la que se considera ilegal la gestación subrogada pero no que se acuda a ella en otro país, no convence ni a unos ni a otros. Por eso el debate presente en todos los partidos políticos en la actualidad necesita resolverse. Para intentar acercar posturas, hay formaciones que proponen legalizar la técnica en España pero evitando que haya quien se beneficie económicamente con este proceso, para lo que ponen sobre la mesa un modelo altruista sin compensación económica al estilo del sistema canadiense. Sin embargo, el debate continúa abierto en todas las direcciones.

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